Cuanto más grande es una administración pública, más importantes deben ser las cuestiones relacionadas con el poder y la responsabilidad. Si cada vez se destinan más recursos públicos a las fuerzas de seguridad, los ciudadanos tienen derecho a exigir algo muy sencillo: que ese poder vaya acompañado de la obligación de rendir cuentas. Porque el dinero del presupuesto no «cae del cielo», sino que procede de los impuestos y del esfuerzo de millones de ciudadanos. Por lo tanto, la cuestión no es solo el tamaño de la estructura, sino cómo se controla ese poder.
Lo preocupante no es que el Estado necesite una fuerza que garantice la seguridad, sino el riesgo de que las competencias se amplíen cada vez más sin que los mecanismos de supervisión estén a la altura. Si un sistema tiene un gran poder y, al mismo tiempo, la capacidad de resolver internamente sus propias irregularidades, la opinión pública se preguntará, naturalmente: ¿quién supervisa a los supervisores? La lucha contra la delincuencia es una tarea del Estado; pero garantizar que quienes ejercen el poder también rindan cuentas ante la ley es un principio que no puede pasarse por alto.
Una sociedad segura no solo se mide por el número de efectivos o el alcance de las competencias de un organismo, sino también por la confianza de los ciudadanos en la justicia. Cuanto más concentrado está el poder, mayor es la exigencia de transparencia; cuanto mayor es el presupuesto, más clara debe ser la rendición de cuentas. Si se quiere que los ciudadanos crean que la administración les sirve, la respuesta no puede limitarse a más poder, más presupuesto o más consignas. Porque un «superministerio» no es, en realidad, aquel que tiene el mayor poder, sino aquel en el que el gran poder está sometido al control más estricto.
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